Mientras cualquier ciudadano espera meses para que alguien conteste un reclamo, un penalista de una gigante china le escribió al máximo jefe forense de la policía y obtuvo respuesta por escrito. El problema: lo que dice esa carta no coincide con lo que la propia perito de la PDI informó al fiscal.
Imagine que usted está en medio de un juicio y no le gusta el resultado de un peritaje. ¿Podría escribirle directamente al jefe nacional de los peritos de la PDI, saltándose al fiscal, y recibir una carta que favorezca su versión? Probablemente no. Pero eso es lo que hizo Hugo Rivera, abogado de Joyvio, la empresa china dueña de la salmonera Australis. Y hoy esa maniobra está bajo investigación.
La Fiscalía Nacional abrió de oficio una indagatoria para determinar si se cometieron delitos en el intercambio de cartas entre Rivera y el prefecto inspector Carlos Rojas, jefe nacional de Ciencias Forenses de la PDI. El fiscal nacional Ángel Valencia entregó el caso al fiscal regional de Ñuble, Rolando Canahuete, según confirmó el Ministerio Público al medio Reportea. Hasta ahora no se ha precisado qué delitos específicos se investigan.
Una carta que dice lo contrario del expediente
Aquí está el corazón del asunto. La Fiscalía Oriente le había encargado a la PDI calcular cuánto habría perdido Joyvio al comprar Australis. La perito contadora Paula Lebuy hizo su trabajo y, en un informe del 19 de mayo, concluyó que el cálculo era imposible: la información de la carpeta no era objetiva ni verificable, había documentos en otros idiomas, planillas sin origen comprobado y datos de empresas que ni siquiera eran la querellada. En junio, con antecedentes adicionales de Aduanas, llegó a la misma conclusión.
Nada de eso le servía a Joyvio. Entonces Rivera tomó otro camino: le escribió directamente al superior de la perito.
La respuesta del prefecto Rojas, fechada el 27 de agosto, cambió la historia. Según el oficial, los peritos sí tenían capacidad para hacer el cálculo, pero no pudieron hacerlo porque nunca les enviaron la información que pidieron. Es decir, la culpa sería de la Fiscalía, no de los datos.
El detalle incómodo: en ninguno de los informes de la perito aparece que ella haya solicitado antecedentes que no le llegaron. La versión del jefe no calza con lo que escribió su subordinada. Y esa diferencia no es menor, porque era justo el argumento que Joyvio necesitaba para revivir un caso que la Fiscalía ya había dado por terminado.
Al día siguiente de fechada la carta, los abogados de la empresa china, del estudio de Jorge Bofill, pidieron incorporarla a la carpeta investigativa.
“Afirmaciones contrarias a la realidad”
La alarma la encendieron los abogados de Isidoro Quiroga, el empresario que vendió Australis. En dos cartas al fiscal nacional acusaron que el escrito del oficial contiene afirmaciones contrarias a la realidad y a lo que consta en el expediente, y que estaba siendo usado para influir en la decisión sobre la reapertura del caso.
También le escribieron al director de la PDI, Eduardo Cerna. Allí reclamaron que Rojas conversó con un abogado querellante sin conocimiento del Ministerio Público, sobre una causa abierta y sobre diligencias en las que él no participó y para las cuales, sostienen, la ley no le da competencia. Pidieron además copia de la carta original de Rivera y de cualquier otra comunicación del oficial con abogados de Australis.
Penalistas y fuentes del propio Ministerio Público consultados por Reportea calificaron el episodio como inédito: en Chile, las investigaciones las dirige la Fiscalía, y la policía actúa como su auxiliar. Que una parte privada se entienda directamente con la policía rompe esa regla básica.
Las explicaciones
La PDI se defendió diciendo que la carta de Rivera llegó como un reclamo por un peritaje contable, que se derivó a la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses y que desde ahí se le respondió directamente por correo electrónico. Un trámite de rutina, según la institución. La pregunta es cuántos reclamos ciudadanos reciben ese mismo trato.
Rivera, penalista que ha defendido a Andrónico Luksic, Mario Kreutzberger y al exarzobispo Ricardo Ezzati, no respondió a las consultas de Reportea.
Una pelea de millonarios que llega a la policía
Conviene no perder de vista el contexto: esta es una guerra entre poderosos. En 2019, Quiroga vendió Australis a Joyvio en US$921 millones. Años después, los chinos lo acusaron de estafa y administración desleal, alegando que les ocultó que la salmonera producía más salmón del permitido y que, por lo tanto, pagaron de más. La Fiscalía cerró la investigación en agosto y decidió no perseverar.
La carta no logró su objetivo. El 9 de octubre, la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación penal y fijó para el 15 de marzo de 2027 la audiencia de sobreseimiento de los imputados. Joyvio anunció que seguirá con la acción penal contra Quiroga y los exejecutivos de la salmonera. La investigación sobre la carta, en tanto, sigue abierta en Ñuble.
Los mismos nombres de siempre
No es la primera vez que el equipo legal de Australis aparece en una polémica. Su líder, Alberto Eguiguren, fue denunciado por un exejecutivo que afirmó que conoció un fallo favorable de la Corte Suprema cuando aún era reservado, en una denuncia que apuntó a un posible vínculo con la exministra Ángela Vivanco, hoy formalizada por venta de fallos. Otro exintegrante del equipo, Gabriel Zaliasnik, renunció en mayo para asumir como embajador en Israel y hoy está imputado en una arista del caso Hermosilla.